La historiadora de Harvard analiza cómo la delegación de decisiones públicas en algoritmos privados amenaza el contrato social básico.
El diagnóstico de Jill Lepore
El desarrollo acelerado de la tecnología en los últimos años ha transformado las estructuras de poder globales. En septiembre de 2026, el debate ya no gira únicamente en torno a la eficiencia de las herramientas informáticas, sino sobre quién tiene el control real del día a día de las personas.
La historiadora de Harvard, Jill Lepore, ha lanzado una advertencia sobre la transición hacia un “estado artificial”. Este concepto describe un sistema donde las funciones esenciales de la democracia se derivan de procesos algorítmicos controlados por empresas privadas.
La delegación de decisiones públicas en manos de sistemas automáticos no es un proceso neutral. Según Lepore, esta tendencia erosiona de manera constante la vida pública y sustituye los mecanismos tradicionales de representación por cálculos matemáticos opacos.
Por qué esto afecta a tu vida cotidiana
A primera vista, la discusión sobre el “estado artificial” puede parecer una disputa intelectual reservada a los círculos académicos. Sin embargo, sus efectos prácticos influyen directamente en la vida diaria de cualquier ciudadano.
Imagina que vives en una comunidad de vecinos y que, en lugar de votar democráticamente las reformas del edificio, una aplicación móvil decide quién paga más basándose en un algoritmo que nadie comprende. Esto es lo que ocurre a gran escala con la gestión de recursos públicos bajo el control de sistemas automatizados.
Cuando un algoritmo decide quién recibe una ayuda médica, quién es apto para un crédito o qué zonas de una ciudad reciben más vigilancia policial, se elimina la empatía y la posibilidad de dialogar o reclamar.
Los puntos clave de la advertencia
Para entender la dimensión de este cambio estructural, es útil desglosar los argumentos principales de la historiadora en varios puntos sencillos:
- Privatización del poder público: Las corporaciones tecnológicas están asumiendo tareas que antes correspondían exclusivamente al Estado, sin pasar por controles democráticos.
- Erosión del consentimiento: La base de la democracia es el consentimiento de los gobernados. Sin embargo, los algoritmos operan bajo criterios de optimización técnica, no de consenso social.
- Falta de transparencia: Los códigos y bases de datos que guían estas decisiones son considerados propiedad industrial protegida, lo que impide cualquier auditoría pública real.
La brecha entre las élites y los ciudadanos
Uno de los aspectos más destacados de la crítica de Jill Lepore en septiembre de 2026 es la desconexión existente entre quienes promueven estas tecnologías y la población general. Mientras que las élites de Silicon Valley defienden la implantación masiva de la inteligencia artificial, la ciudadanía suele percibir estos cambios de otra manera.
Para el ciudadano medio, la instalación de grandes centros de datos en sus localidades no se traduce en una mejora de su calidad de vida. Al contrario, suele percibirse como una presión añadida sobre los recursos locales más básicos, como la energía y el agua.
Esta divergencia de intereses crea una tensión social creciente. La promesa de un futuro optimizado choca con la realidad de comunidades que ven cómo sus infraestructuras físicas se desgastan para sostener una infraestructura digital que no les pertenece.
“El peligro real de delegar el poder en la inteligencia artificial no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos dejemos de decidir como tales.”
La pérdida del control democrático
Históricamente, los ciudadanos han contado con herramientas para exigir responsabilidades a sus gobernantes mediante el voto, las protestas o los canales institucionales. El modelo de gestión algorítmica elimina estos mecanismos de control directo.
Cuando una decisión errónea o injusta es tomada por un sistema automático, la responsabilidad se diluye. Las empresas culpan al software, los funcionarios señalan que solo siguieron las indicaciones del sistema y el ciudadano queda atrapado en un bucle burocrático sin rostro.
Este proceso debilita la confianza en las instituciones públicas. Si los gobiernos locales y nacionales ya no tienen la capacidad de alterar las decisiones tomadas por sistemas cerrados, la utilidad de la participación política tradicional queda en entredicho.
La perspectiva histórica de la soberanía
Como historiadora, Lepore recuerda que la soberanía siempre ha residido en el pueblo. A lo largo de los siglos, las sociedades han luchado para evitar que el poder se concentre en monarquías o tiranías de cualquier tipo.
El riesgo detectado en septiembre de 2026 es que estamos entregando esa soberanía a tecnocracias privadas. A diferencia de los gobiernos, estas corporaciones no rinden cuentas ante ningún electorado ni están sujetas a constituciones públicas.
Este cambio redefine la relación entre el ciudadano y el poder. El ciudadano deja de ser un sujeto político con derechos civiles y pasa a convertirse en un simple generador de datos de entrenamiento para alimentar sistemas privados ajenos a su beneficio.
El impacto físico de la tecnología
Es importante recordar que la inteligencia artificial no existe en una nube abstracta. Su funcionamiento requiere una infraestructura masiva compuesta por centros de datos que consumen volúmenes ingentes de electricidad y agua para su refrigeración.
El conflicto por el uso del suelo y de los recursos hídricos es una de las manifestaciones más claras del “estado artificial”. Las decisiones sobre dónde ubicar estas instalaciones y cómo abastecerlas se toman a menudo por encima de las necesidades de planificación de las comunidades locales.
De este modo, el avance de la digitalización acelerada se convierte en un factor de desigualdad geográfica, donde los beneficios económicos se concentran en unas pocas corporaciones mientras que los costes ecológicos y sociales se distribuyen entre la población general.
Una reflexión necesaria
La advertencia de Jill Lepore invita a repensar el ritmo y la dirección del desarrollo tecnológico. No se trata de rechazar la innovación de manera absoluta, sino de cuestionar las condiciones bajo las cuales se implementa y quién se beneficia realmente de ella.
La reconstrucción del espacio público exige recuperar el control sobre los procesos de toma de decisiones comunes. El futuro de la democracia dependerá de la capacidad de los ciudadanos para exigir que la tecnología sirva al interés común y no a la inversa.
